Corría diciembre del año 1931 cuando, la desconocida Clara Campoamor diputada por el Partido Radical, un grupo que se declaraba: republicano, liberal, laico y democrático, conseguía desde las Cortes la llegada de la mujer a las urnas. Sin embargo, no sería hasta 1933 cuando esa llegada se hizo efectiva y se produjo el primer voto femenino. Fue un hito en España, su mérito fue conseguir en las Cortes lo que otras, como las británicas, lo hicieron desde la calle.

El equilibrio entre ambos sexos en el trabajo y la no discriminación son dos elementos que cada vez influyen más dentro de las empresas. Según el Informe Workmonitor que Randstad, empresa líder en soluciones de recursos humanos, realiza entre profesionales de 29 países, un 49% de los españoles asegura que su compañía funciona mejor cuando hay igualdad entre sexos, es decir, que los resultados son mejores y los objetivos se cumplen con mayor celeridad cuando existe un número parecido de hombres que de mujeres.

Esta percepción se sitúa un punto por encima de la media europea (48%), aunque aún lejos de las cifras que presenta Alemania y que le sitúa en cabeza del ranking europeo con un 60% de aceptación a la hora de promover la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo.

La diferencia salarial entre hombres y mujeres en puestos de alta calificación es de un 31,8%, según el estudio 'Trayectorias laborales de las mujeres que ocupan puestos de alta calificación', llevado a cabo por la Secretaría de Estado de Igualdad, en colaboración con el Consejo Superior de las Cámaras de Comercio.

La igualdad entre mujeres y hombres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo es un principio fundamental en la UE, plasmado en las Directivas Comunitarias en materia de igualdad de trato entre mujeres y hombres y que ha sido desarrollado en nuestro ordenamiento por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta disposición legal obliga a las empresas a adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier discriminación laboral entre mujeres y hombres y, en su caso, a elaborar, concertar y aplicar un plan de igualdad.